[02-05-13] El derecho de huelga para el funcionariado docente

La participación en una huelga legal no puede dar lugar a sanción alguna, salvo que el funcionario incurra en algunas de las faltas disciplinarias que prevé la legislación (incumplimiento de servicios mínimos, coartar la libertad de trabajo a compañeros o subordinados…). Igualmente, quienes entorpezcan el ejercicio del derecho de huelga están sujetos a responsabilidad disciplinaria, civil y penal.

Respecto a la atención del alumnado perteneciente al profesorado en huelga por otros profesores del centro que no han ejercido dicho derecho, conviene resaltar que la Sentencia del Tribunal Constitucional 33/2011, es rotunda en esta forma de esquirolaje interno, fundamentando que “Ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros”.  
 
Matizando que “esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad (art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977), y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa (art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977). En estos dos supuestos, si los trabajadores designados para el mantenimiento de los referidos servicios se negaran o se resistieran a prestarlos, quedaría justificada su sustitución a tales efectos”. Es decir, que este alumnado no se podría repartir entre el resto de profesorado y tendría que ser atendido exclusivamente por los servicios mínimos que se establezcan (en la última huelga un miembro del equipo directivo), porque, de no ser así, se estaría lesionando el derecho de huelga, con la consiguiente posibilidad de emprender acciones legales contra la Administración.
 
La dirección de los centros entrega al profesorado un “acta de asistencia” (Anexo IV de la Resolución de 6 de octubre de 2005), en la que se le notifica los días u horas de ausencias por su presunta participación en la huelga, dándole tres días hábiles para que justifique documentalmente si la ausencia ha sido por motivos diferentes. Si se negara el profesor o profesora en cuestión a firmar el recibí, la dirección del centro procederá a levantar la diligencia correspondiente en presencia de dos testigos.
 
Suele estar más o menos extendida la creencia de que esta actuación de la Administración es improcedente porque vulnera la libertad de los funcionarios, siendo un tema resuelto en base a la Sentencia del Tribunal Supremo de 1-10-1992 que dice: La Administración podrá preguntar a los funcionarios si han participado o no en la huelga y si desean alegar algo al respecto, sin que ello constituya una intromisión en la libertad ideológica, siendo tan sólo el medio de constatar la participación en la huelga para aplicar el efecto legalmente previsto en el régimen retributivo.
 
Por tanto, es después del ejercicio del derecho de huelga cuando la Administración educativa, a través de la dirección de los centros, pude preguntar sobre la participación o no del profesorado en la misma y nunca previamente al día de huelga, incurriendo, si lo hiciera, sea cual sea la causa que pueda esgrimir, en una intromisión ilegítima en la libertad de las personas y que sería motivo de denuncia penal y administrativa.

Comparte esta noticia: