Profesorado Interino: Hablando claro

Ofrecemos el presente material con el objetivo de aclarar un conjunto de cuestiones relativas al Sistema de Acceso a la Función Pública Docente. Asimismo, queremos dejar clara cuál es la posición de CC.OO. al repecto, la misma desde siempre, defendiendo y proponiendo un sistema que favorezca al profesorado interino, pero en un marco de seguridad legal y jurisprudencial.

 

Aclarando conceptos


Antecedentes legales y jurídicos:


La relación laboral entre los docentes y la Administración es de tipo funcionarial. Para acceder a esta situación se ha de pasar un concurso-oposición. La situación jurídica del profesorado interino es temporal, mientras la plaza no quede cubierta por un funcionario. Esto es lo que dice la ley, a pesar de que en la práctica haya profesorado interino con muchos años de servicio.

¿Qué leyes definen el sistema de acceso?:

La Ley de la Función Pública del año 84 (Ley 30/84), la Disposición adicional novena de la LOGSE (en el futuro la LOE), el Real Decreto 334/04 y, fundamentalmente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, manifestada mediante numerosas sentencias.

¿Puede haber otro sistema de vinculación con la Administración?:

Con la legalidad actual, no. La interpretación que del artículo 15 de la Ley 30/84 hizo el Tribunal Constitucional en la sentencia 99/1987 cierra el paso a la contratación laboral o a cualquier otra vinculación que no sea la funcionarial, ya sea de carrera o interina. Cuando algún interino ha reclamado una relación laboral los tribunales no le han dado la razón.

¿Es posible convertir a los interinos en funcionarios de carrera sin ninguna prueba?:

No. La sentencia 302/1993 del TC lo considera palmariamente anticonstitucional.

¿Puede haber un sistema de acceso sólo para las personas interinas (restringidas)?:

No. Las numerosas sentencias del Tribunal Constitucional así lo manifiestan. Pueden verse especialmente las 27/1991, 60/1994 y 302/1993. También en la sentencia 148/1993 DF del TSJA Sevilla que anuló las oposiciones del personal laboral fijo de Educación de Adultos.

¿Por qué pudo haber oposiciones restringidas durante un tiempo y ahora no, si en ambos casos la Constitución es la misma?

Es una pregunta que también se está oyendo últimamente. Sencillamente porque hubo un momento en que comenzaron a interponerse recursos y fue entonces cuando empezaron a pronunciarse los tribunales. Los tribunales, incluido el Constitucional, no se pronuncian motu propio, sino ante recursos que les llegan. Posiblemente, si hubiese existido alguno, por ejemplo, en 1980, desde entonces hubiesen sido anuladas y no válidas las pruebas restringidas.

¿Permite la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la valoración de la experiencia?:

Claramente sí. Numerosas sentencias del TC (42/1981, 137/1986, 67/1989, 151/1992, 4/1993, 60/1994, 185/1994 etc.). El problema se plantea cuando los tribunales entienden que esa valoración es desproporcionada y supera el límite de lo tolerable o en otras palabras cuando la valoración de la experiencia es tal que convierte la convocatoria abierta en restringida.

 ¿Puede haber normativa exclusivamente para Andalucía?:

La normativa básica es estatal, ya que los cuerpos docentes son estatales. Por tanto, todas las convocatorias de acceso en toda España han de basarse en la misma normativa. Pero el que pudieran ser autonómicas tampoco tiene por qué ser mejor. Hasta 1996 estuvo vigente el apartado de la Ley 6/85 de Ordenación de la Función Pública de Andalucía que establecía que el haber desempeñado un puesto como interino no constituía mérito especial para el acceso a la Función Pública

¿Qué pasó con el sistema del INSALUD? ¿No es aplicable a la función docente?.

En el sector sanitario en el año 2001 llevaban más de 10 años sin haber realizado pruebas para el ingreso. Se llegó a la necesidad de una solución extraordinaria en todo el ámbito estatal.  El resultado fue el proceso diseñado en la Ley 16/2001. Es un proceso extraordinario y por una sola vez. El sistema tiene una fase de oposición y otra de concurso y una tercera de provisión. Hay que aprobar la primera fase (con 50 sobre 100) para puntuar en la de concurso. No les "regalaban" las oposiciones y, además era también un sistema “abierto”, en el que podía participar toda persona que reuniese los requisitos, aunque no hubiese trabajado nunca en el ámbito sanitario público.

 ¿A qué se debe el que algunos sindicatos vayan diciendo que el Acuerdo de 20 de octubre establece un sistema de oposiciones restringidas o una vía específica para el personal interino?

Cada vez lo dicen menos ya que no se sostiene. Ni en el acuerdo básico de 20 de octubre de 2005 ni en la LOE se deja abierta esa opción porque es imposible constitucionalmente. Es más, en ningún momento de estos últimos años el MEC ha aceptado ni siquiera empezar a hablar del tema. Cuando algún Sindicato planteaba esa posibilidad siempre cortaba el tema alegando su inconstitucionalidad.

 ¿Es posible, en el marco de la legislación actual general de la Administración Pública, un sistema de acceso para el profesorado interino exclusivamente mediante concurso de méritos?

La Ley de la Función Pública de 1984 establece como posibles sistemas el de Oposición, Concurso-Oposición y Concurso de Méritos. Es la legislación educativa la que concreta el sistema de acceso a la Función Pública Docente en el Concurso-Oposición. Se puede entonces decir que este era el momento, con la elaboración de una nueva Ley, para establecer un nuevo sistema que, ajustándose a la legislación general, dispusiese el concurso de méritos como mecanismo de acceso. El problema radica en que la jurisprudencia de los tribunales, en razón al principio constitucional de igualdad, es especialmente “vigilante” con todo sistema que de una manera u otra pueda acabar configurando un sistema “restringido” para un sólo colectivo, como puediera ser el de aquellas personas que en el cómputo de los méritos acreditasen experiencia docente y este mérito acabase siendo determinante y excluyente para quien no la tuviese.

Si los tribunales se acogen a la Constitución para anular las pruebas restringidas, ¿sería posible el propio cambio constitucional para posibilitar un mecanismo diferenciado de acceso para el profesorado interino?

Precisamente es un argumento que se está oyendo últimamente. Y, en efecto, todo cambio constitucional es posible. Ahora bien, a ver quién es el que se atreve, y sobre todo consigue, cambiar la Constitución en los artículos específicos a los que se han acogido las numerosas sentencias que han anulado determinados procesos selectivos y que recogen términos como “igualdad, mérito y capacidad”. Sería necesario sobre todo eliminar de ellos la palabra “igualdad” para que los tribunales no tuviesen soporte constitucional sobre el que apoyar sus sentencias. ¿De verdad alguien cree que esto es posible?

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